En noviembre del año pasado, el arquitecto Jaime Sorín fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos (CNMMyLH). En poco tiempo se notó el cambio que pretende para esta institución colegiada y ad honorem. En enero pasado, en medio de versiones sobre el posible cierre del Parque de la Memoria, en Costanera Norte, la Comisión lo declaró Lugar Histórico. Sorín, ex decano de la FADU-UBA, miembro de Carta Abierta y activo promotor de la vivienda social cooperativa, sostiene que la Comisión debe acompañar la política pública de derechos humanos y es en esa idea se enmarca la declaratoria del Parque de la Memoria. Además, la Comisión está estudiando con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación otras medidas.
Sorín relata que el interés por el patrimonio histórico nacional, aunque no se lo denominara todavía así, aparece en nuestro país a fines del siglo XIX. “Durante el primer Centenario y debido a la fuerte inmigración europea, se desarrolla entre la oligarquía gobernante la idea de de definir la identidad nacional amenazada”, señala y asegura que hasta 1938, sólo una docena de edificios fueron declarados Monumento Histórico Nacional. “Esto expresando la manifiesta voluntad de acompañar el proyecto político vigente resaltando a los 'Héroes de la Patria' que constituían el hilo de la narración oficial y los edificios y lugares relacionados con ellos”, agrega.
El 30 de septiembre de 1940 se sancionó la Ley Nacional N° 12.665 que dió forma definitiva, junto con su Reglamentación el 28 de febrero de 1941, a la actual CNMyMLH.
Sorín afirma que la categoría de Monumento Histórico, tal como se la entiende en las declaraciones, representa una producción y una estética restringidas y excluyentes. Por esa razón, en lo imediato, la Comisión encarará el estudio de la producción del Estado entre los años 45 y 55 y el de las corrientes representativas de la Arquitectura Moderna en todo el territorio nacional. Ejemplo de esto es el reconocimiento al Edificio Somisa, una acción que realizó la gestión anterior a Sorín, y que está en vías de concretarse mediante el decreto presidencial.
Sin embargo, para el catedrático, en nuestro país no existe conciencia acerca de la necesidad de proteger los bienes históricos y por eso es tan necesario que se desarrollen campañas al respecto, como adecuar la normativa existente.
“Deben existir incentivos para los propietarios de edificios de valor patrimonial –dice-. Esto no significa un inmovilismo museístico, ni un freno a la industria de la construcción, sino comprender (como lo han hecho ciudades en otros países de la región y en todo el mundo) que una gran cantidad de edificios todavía existentes forman parte de la identidad de la ciudad y contienen un potencial económico a explotar de manera diferente y no agresiva”.
Fuente: Clarin
Link: http://arq.clarin.com/patrimonio/dimension-social-patrimonio_0_1123088033.html
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