La organización se movía en la zona de Flores, Capital Federal. Falsificaban escrituras de casas y terrenos abandonados, los vendían y hacían buenos negocios.
Buscaban casas o terrenos que debieran años de impuestos. Sabían que cuando hay mucha deuda, el propietario está muerto o sin intención de hacerse cargo de su propiedad. Una vez que conseguían el dato, falsificaban el documento del verdadero dueño del lugar abandonado. Con ese DNI hacía in poder en una escribanía. El poder, por supuesto, también era falso.
Una vez que tenían el poder salían a buscar compradores. Terrenos baldíos donde se pueden levantar edificios son muy codiciados en la Capital Federal. Empresas constructoras compraron de buena fe esos terrenos y allí levantaron modernos edificios que vendieron prolijamente. Con el paso del tiempo y con el avance de la causa judicial, los constructores se dieron cuenta que habían formado parte de una estafa.
El caso, a cargo del juez federal Claudio Bonadio, comenzó con la denuncia de una anciana a quien le habían birlado una casa en la Ciudad de Buenos Aires. Buena parte del andamiaje de papeles “truchos” destinados a la estafa se realizaron en escribanías de la provincia de Corrientes, pero como la falsificación de documentos y las propiedades está en la Capital, el caso quedó en un juzgado federal porteño.
La maniobra tenía varias etapas. Hacer una primera falsa venta de la casa o terreno a partir del documento apócrifo del verdadero dueño. Luego otorgaban un poder a un integrante de la banda que salía a colocar la propiedad en un círculo muy pequeño. Y allí se abrían otras dos posibilidades: o bien se la vendían a los financistas de la banda o a un tercero, un particular o una constructora.
Buena parte de las casas compradas fueron demolidas para hacer edificios, pero en otras aún viven quienes las compraron sin saber que los papeles eran falsos.
Los integrantes de la banda tenían diferentes funciones. El principal financista, integrante de una respetada comunidad religiosa del barrio de Once, está prófugo. Hay ocho detenidos: los que hacían las falsas escrituras, los que conseguían los datos de las propiedades y los que finalmente hacían la venta final a los particulares o constructoras para quedarse con el dinero.
Aún no hay estimaciones de la cantidad de dinero recaudado en las 15 estafas detectadas por la Justicia. Según fuentes judiciales, a partir de la investigación judicial se evitaron cinco ventas. El juzgado había dictado recursos de “no innovar” respecto de cinco propiedades y con esto evitó que el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble inscribiera los traspasos de las casas o los terrenos.
La investigación está avanzada. Hubo varios allanamientos en las casas y las oficinas de los integrantes de la banda donde se consiguió documentación importante para el expediente.
Los investigadores deben determinar ahora si las constructoras y los particulares-que en principio compraron los bienes de buena fe- pagaron un precio acorde al mercado. Si las compras se hicieron a precio de mercado, la sospecha sobre los compradores desaparecerá. En cambio si se comprueba que pagaron un precio vil por los metros cuadrados adquiridos, podrían quedar también involucrados en la maniobra.
Fuente: Momarandu
Link: http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=7&b=0&c=133458
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