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lunes, 26 de noviembre de 2012

Alquileres e inquilinos, el debate pendiente

La iniciativa propone una mayor participación del Estado en la regulación del mercado. Dispone triplicar los impuestos de los inmuebles que estén desocupados durante más de un año, crea un registro de inmuebles y contratos y un fondo para financiar garantías y subsidios al que alquila por primera vez.


Un proyecto presentado en los últimos días en la Legislatura porteña pone en el centro del debate el tema de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, un tema que afecta a unos 350 mil hogares porteños. La iniciativa pretende regular un mercado que se ha ido distorsionando de la mano de especulación inmobiliaria, en perjuicio de los inquilinos. La propuesta, si es aprobada, fijará el valor de los alquileres en no más de 0,7 por ciento del Valor Inmobiliario de Referencia (VIR), un coeficiente que utiliza la administración porteña para calcular la tasa de ABL; triplica la carga impositiva sobre los inmuebles que estén desocupados durante más de un año, con el fin de promover la oferta y con el dinero obtenido propone crear un fondo que será destinado a otorgar garantías en respaldo de las obligaciones de los inquilinos y a subsidiar hasta el 50 por ciento del contrato de las familias que nunca hayan alquilado un inmueble para vivienda.

El proyecto fue presentado por el diputado Aníbal Ibarra y cuenta con el respaldo de sus dos compañeras de bloque, Susana Rinaldi y María Elena Naddeo. En su articulado propone que los contratos de alquiler con destino a vivienda se realicen con un plazo mínimo de tres años; crea un Registro de Contratos y un Régimen de Protección al Inquilino y un Registro de Inmuebles, que funcionarán en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC); dispone que las comisiones de las inmobiliarias no podrán superar el monto de un mes de alquiler, a ser pagado en partes iguales por propietario e inquilino, y crea dentro de la Defensoría del Pueblo un área para la protección y defensa de los intereses y derechos de los locatarios de inmuebles con destino a vivienda.
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lunes, 26 de noviembre de 2012

Alquileres e inquilinos, el debate pendiente

La iniciativa propone una mayor participación del Estado en la regulación del mercado. Dispone triplicar los impuestos de los inmuebles que estén desocupados durante más de un año, crea un registro de inmuebles y contratos y un fondo para financiar garantías y subsidios al que alquila por primera vez.


Un proyecto presentado en los últimos días en la Legislatura porteña pone en el centro del debate el tema de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, un tema que afecta a unos 350 mil hogares porteños. La iniciativa pretende regular un mercado que se ha ido distorsionando de la mano de especulación inmobiliaria, en perjuicio de los inquilinos. La propuesta, si es aprobada, fijará el valor de los alquileres en no más de 0,7 por ciento del Valor Inmobiliario de Referencia (VIR), un coeficiente que utiliza la administración porteña para calcular la tasa de ABL; triplica la carga impositiva sobre los inmuebles que estén desocupados durante más de un año, con el fin de promover la oferta y con el dinero obtenido propone crear un fondo que será destinado a otorgar garantías en respaldo de las obligaciones de los inquilinos y a subsidiar hasta el 50 por ciento del contrato de las familias que nunca hayan alquilado un inmueble para vivienda.

El proyecto fue presentado por el diputado Aníbal Ibarra y cuenta con el respaldo de sus dos compañeras de bloque, Susana Rinaldi y María Elena Naddeo. En su articulado propone que los contratos de alquiler con destino a vivienda se realicen con un plazo mínimo de tres años; crea un Registro de Contratos y un Régimen de Protección al Inquilino y un Registro de Inmuebles, que funcionarán en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC); dispone que las comisiones de las inmobiliarias no podrán superar el monto de un mes de alquiler, a ser pagado en partes iguales por propietario e inquilino, y crea dentro de la Defensoría del Pueblo un área para la protección y defensa de los intereses y derechos de los locatarios de inmuebles con destino a vivienda.