A fines del año pasado, el Senado -por unanimidad- le dio media sanción a un proyecto para modificar la ley de alquileres. Ahora, el Gobierno impulsa su propia propuesta sobre esta materia.
Aquella iniciativa, presentada por la senadora Silvina García Larraburu, elegida por el Frente para la Victoria de Río Negro, entre sus puntos más salientes, estableció un nuevo plazo de contratos, que pasó de dos a tres años, y que los aumentos de precios sean anuales.
Uno de los puntos más cuestionados por los propietarios es el que consagró el principio de actualización de los contratos sólo si la inflación anual supera el 10 por ciento.
A poco para que comience el nuevo período de sesiones ordinarias, en el oficialismo iniciaron una ronda de consultas para llegar a una propuesta alternativa. Aún no hay definiciones sobre el nuevo proyecto.
"Yo espero que se trabaje sobre ese proyecto que ya está aprobado, ya que pasó todo el proceso de comisión, se hizo entre todas las partes, se consultó a las entidades de inquilinos. Hubo consenso de todos. No me parece que debamos empezar todo de cero", dijo la senadora García Larraburu.
Por estos días, la discusión sobre el mundo de los alquileres no sólo se dio en medio de este proyecto con media sanción. El nuevo régimen de Ganancias, que permite deducir al inquilino una parte de lo que paga de alquiler, establece que se debe probar el pago con la presentación del contrato y las facturas en la AFIP.
Sucede que, al menos entre los particulares, este sector está mayoritariamente en negro. No son pocos los que creen que el blanqueo de la actividad podría generar aumentos en el precio de los alquileres.
El proyecto de García Larraburu, que modifica el Código Civil y Comercial, contempla la devolución del depósito en garantía y dispone que las comisiones inmobiliarias sean determinadas por ley de cada jurisdicción y, en caso de no estar reguladas, que no superen nunca el valor de un mes de alquiler.
Además, ordena que las expensas extraordinarias en ningún caso corran por cuenta del inquilino, cosa que ahora tampoco sucede, pero que, en la práctica, es materia de negociación entre las partes, indicó el diario La Nación.
Además, elimina el plazo de seis meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa y agrega que las partes están obligadas a acordar o no la renovación del contrato sesenta días antes del vencimiento de la locación.
Constructores en alerta
Pero sobre todo lo que más preocupa a los propietarios y a los constructores es el sistema de actualización. La norma estableció que los precios se modificarán en forma anual a través de un índice ponderado que elaborará el Indec sobre la base de la evolución de los índices de precios al consumidor (IPC) y el coeficiente de variación salarial (CVS), promediados en partes iguales.
Pero esa actualización operará sólo si existe una inflación superior al 10%. En caso contrario, no podrá indexarse y habrá que esperar a que se cumplan los años de contrato.
Los constructores consideran que esta última parte es la más compleja. De hecho, podría darse el caso de que durante la vigencia de tres años de contrato haya una inflación de 27,7% (9,9% por año) y que jamás se dispare la actualización. "Es una pésima señal para los que construyen para alquilar", dijo un constructor.
Fuente: I Profesional
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